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Ganar el argumento

Mauricio Merino

El Universal
Sábado 12 de agosto de 2006

Decir que una de las
claves de la contienda democrática está en la aceptabilidad de la derrota
es ya un lugar común. Pero el mayor desafío de un sistema electoral es
construir las condiciones para que, en efecto, la derrota sea aceptable.
Que no dependa de la buena voluntad de los candidatos y de los partidos,
sino de la transparencia de los procedimientos y de la certeza inobjetable
de los resultados. Cuando alguna de esas condiciones falla, el objetivo
principal del sistema electoral se pone en jaque.

En ese sentido, la coalición Por el Bien de Todos ha ganado mucho con
las decisiones tomadas hasta ahora por el Tribunal Electoral. No sólo
consiguió que esa instancia aceptara volver a contar los votos emitidos en
buena parte de las casillas en las que perdió la elección, sino que ha
logrado acreditar que muchas de las actas verificadas no responden
fielmente al contenido de los paquetes electorales. Cuando escribo este
artículo, todavía no se sabe de qué tamaño es la diferencia, ni es posible
sacar ninguna conclusión sobre el sentido de los recuentos. Tampoco
sabemos si obedecen a un patrón sistemático que daña siempre e
invariablemente a López Obrador, o si se trata de un comportamiento
errático que, sin embargo, deja los porcentajes de los votos contados
prácticamente intactos.

Hasta el día de hoy, es todavía imposible hacer afirmaciones firmes
sobre los datos que arroja este recuento parcial. Pero ya sabemos que
efectivamente hay un número más o menos amplio de actas que no reflejan
con exactitud lo que ocurrió en la jornada del 2 de julio.

Este dato se ha convertido en un hecho público y es, también, una
prueba plena registrada legalmente por los jueces y los magistrados
designados por el Consejo de la Judicatura para llevar a cabo esta
diligencia. Pero sobre todo, es un argumento de oro para los fines de la
coalición: López Obrador se ha obstinado en afirmar que las cuentas que
dio el IFE no eran correctas, porque las actas de casilla no reflejaban el
contenido real de los votos depositados en cada urna. De esas actas se
tomaron los números para llevar a cabo los cómputos distritales, y de ahí
que las diferencias detectadas en este proceso de revisión acrediten que,
en efecto, las sumas efectuadas no fueron exactas.

En los estudios que realizó Javier Aparicio (CIDE) sobre el contenido
de las poco más de 2 mil 800 casillas que en su momento se revisaron por
los consejos distritales del IFE, se observó que, al volver a contar,
López Obrador ganaba poco más de dos votos en las casillas donde aparecía
derrotado, pero perdía más de 11 en las casillas que había ganado. El
resultado agregado de ese recuento no sólo confirmó el triunfo de Felipe
Calderón sino que incluso lo acrecentó por centésimas. Pero a la luz de la
evidencia derivada en lo que va de este segundo ejercicio de verificación,
mucho más amplio y situado específicamente en las casillas donde la
coalición se llamó a agravio, se ha comprobado que un número todavía
incierto de las actas electorales que sirvieron de base para los cómputos
efectuados por el IFE no reflejaron los datos exactos.

Aunque al redactar estas líneas todavía no existe información
suficiente para formular afirmaciones definitivas sobre el ejercicio que
está en curso, los dos partidos que compiten por el primer lugar ya
sacaron sus conclusiones: los voceros de la coalición han divulgado que
las modificaciones realizadas hasta ahora revelarían que López Obrador
ganó los comicios, mientras que los seguidores de Felipe Calderón han
sostenido que los resultados ya lo confirman como el vencedor de las
elecciones. Pero la verdad es que nadie puede anticipar el resultado
final. Hay que esperar a que el Tribunal Electoral verifique la evidencia
reunida en el ejercicio y tome cualquiera de las decisiones jurídicas que
siguen abiertas para dirimir el desenlace de este proceso todavía
incierto.

Pero lo que ya es evidente es que uno de los argumentos centrales de
López Obrador se ha visto fortalecido por las diferencias entre un número
más o menos alto de actas y los votos contados por segunda ocasión. Más
allá de cualquier otra consideración política o jurídica, lo que hemos
visto hasta ahora es que esas diferencias existen y que abonan a las dudas
ya inevitables sobre el contenido del resto de las casillas.

Detrás de ese dato vendrán, seguramente, toda clase de explicaciones y
debates. La coalición insistirá en que son la prueba de un fraude
monumental y el PAN en que no son más que errores insustanciales.

Lo cierto es que no sabemos con absoluta certeza cuántas actas están
bien levantadas y cuántas no. Y por lo tanto, si se sigue un razonamiento
lógico elemental, tampoco podemos estar seguros de la veracidad de los
cómputos efectuados hasta ahora. En estos días de blanco y negro, los
matices importan más que nunca. Por eso anoto en seguida que, antes de
sacar conclusiones tronantes, es necesario esperar a que este ejercicio
parcial ofrezca cifras puntuales. Hay que saber a ciencia cierta de qué
porcentaje de actas equivocadas estamos hablando, de qué magnitud son las
diferencias respecto de los votos nuevamente contados, en qué medida
benefician o perjudican a los dos candidatos punteros y qué efectos
producen las correcciones sobre el conjunto de la elección. De momento,
sabemos muy poco. Pero ya es un hecho que en efecto hubo errores e
irregularidades en muchas casillas, cuya sola existencia agrega nuevas y
mayores sospechas sobre el resultado en conjunto, pues nadie sensato
podría sostener que esos errores solamente existen en las casillas
seleccionadas, mientras que el resto es absolutamente impecable. De ahí su
importancia política: la coalición ha ganado un nuevo argumento,
lógicamente impecable, para insistir en el recuento total.

Hay que dejar que el Tribunal concluya su tarea. Todavía no tenemos un
presidente electo, ni tampoco un fraude probado. El proceso electoral
sigue en curso, y sigo creyendo que ese órgano está preparado para hacer
coincidir su veredicto con la verdad. Creo con franqueza que nuestro
sistema institucional cuenta con los medios para llevarnos a buen puerto.
No será el que prefieran los partidos políticos, pero sí el que se derive
de la aplicación puntual de la ley.

Profesor investigador del CIDE

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