Que uno pueda hacerse enormemente rico en seis años como gobernador no sólo muestra la clase de coladera institucional que es el estado mexicano, sino que prueba como la política en México sigue dando frutos generosos a sus adeptos. Lo que tal vez explique parte de lo encarnizado de las campañas electorales. En México tenemos el privilegio de tener los diputados que trabajan menos y ganan más en comparaciones internacionales. Salarios estrafalariamente elevados para una alta burocracia pública que, además, a menudo, tiende a aprovechar las oportunidades patrimoniales de sus cargos. Si hubiera apenas un poco de justicia, en este país deberían erigirse monumentos públicos a los altos funcionarios que salen del cargo con el mismo patrimonio con que entraron. Dadas las oportunidades, esta clase de personas es doblemente meritoria aquí que en otras partes. Y dejemos de lado los daños en el territorio, en la deconstrucción social, en los comportamientos colectivos que estas recurrentes bandadas de aves de rapiña dejan a su paso.
Sobre el primer episodio, un silencio casi absoluto, como si no fuera una sorpresa y asombrarse fuera de mal gusto. Como decir, el "movimiento obrero" es así, mejor no meterse. El nuevo líder obrero, para apreciar la fuerza del progreso, es conocido como coleccionista de zapatos de marca y de autos de lujo. Y de paso el máximo líder petrolero (acusado de haber transferido al PRI, para financiar su campaña presidencial del 2000, algo así como 500 millones de dólares) acaba de ser reelegido, anticipando los tiempos, para el período 2007-2012.
Sobre el segundo episodio (el enriquecimiento milagroso del ex gobernador del Estado de México y, ahora, ex precandidato príista, Arturo Montiel), una zarabanda mediática que tiende a ver el árbol sin percibir el bosque de complicidades al que pertenece. Como de costumbre no hay garantía de ningún tipo sobre el castigo de un cortabolsas patriótico que, dados los antecedentes, creía (con razón estadística) en su altamente probable impunidad. Y aún no está dicho que estuviera equivocado. A nadie entre sus compañeros de partido se le ocurrió la posibilidad (aunque fuera por estrictas razones de fachada) de expulsar a un miembro tan connotadamente voraz. No se puede dejar caer la cabeza (más allá de cortarle el camino a la presidencia) sin correr el riesgo de hacer visibles las redes extendidas que la hicieron posible.
¿No podríamos ser un poco menos exóticamente surreales en el terreno de las instituciones? Será mortalmente aburrido, pero alguna predecibilidad sobre el comportamiento de los que encarnan el estado es weberianamente ineludible. ¿Cómo evitar que los líderes sindicales se vuelvan principescamente ricos con la tranquilidad de espíritu de quien cumple una tarea revolucionaria en favor del proletariado y con la bendición del estado? ¿Cómo evitar que muchos políticos (muchos y de varios colores)se comporten como sanguijuelas institucionales (cínicas, ideologizadas o de los dos tipos) que enervan al estado con su hambre compulsiva y sus egos inflados? Más fácil decirlo que hacerlo en un contexto donde se han formado corporaciones que tratan sus espacios institucionales como territorio exclusivo de caza. Las rentas son enormes y el costo para el país, obviamente, mucho mayor.
Un ejemplo: algunos meses atrás, la señora de la limpieza de un amigo murió atropellada por un autobús (que se escapó) en Santa Fe, un gran mall en el occidente de la Ciudad de México. Las rutas del transporte público se suponen establecidas; la policía se supone que sepa hacer su trabajo; testigos, dada la hora y el lugar, tuvo que haber. Resultado: hasta ahora, nada. O sea, aquí no pasó nada. Las comparaciones son odiosas, según se dice, pero en Chile el responsable habría estado en la cárcel en pocas horas. Los estados débiles extienden a su entorno sus propias fragilidades. Hacen daños.
Una persistencia de rasgos coloniales en un mundo postrevolucionario. Un retardo descomunal en la consolidación democrática de las instituciones. Rodríguez Alcaine y Montiel no son más que puntas visibles de instituciones pobladas de empleados, funcionarios y políticos con un endeble sentido del estado y fuertes vínculos clientelares. Veamos las consecuencias: calcula el Consejo de Comunicación que entre fraudes y sobornos se gasta 12 por ciento del PIB mexicano. Otra vez: la debilidad del Estado no significa sólo corrupción de los funcionarios públicos sino difusión social de prácticas fraudulentas e ilegales. El delito es menos perseguible en un universo institucional deshilachado. Sólo queda preguntarse, ¿a qué tasa necesita crecer este país para poder contrarrestar la corriente contraria de una corrupción extendida que, se calcula, pesa (sin fraudes privados) un 5 por ciento sobre el PIB?
Según Transparency International, 43 por ciento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas (que representan más de 40 por ciento del PIB) declaran realizar pagos impropios a funcionarios públicos (sobornos). Que saquen las cuentas los que quieran hacerlo, pero que nadie se atreva a decir que la corrupción es un problema de funcionarios individualmente descarriados, sobre todo cuando una de cada cinco familias mexicanas declara haber pagado algún soborno en el último año (en paréntesis: una de cada 50 en España). Estamos frente a un sistema (formal e informal) cuya vitalidad carcome cotidianamente cualquier posible relación seria entre sociedad e instituciones, dificulta inversiones, infla costos y difunde la cultura de la ilegalidad. La debilidad del estado alimenta las "prácticas impropias" tanto como éstas revelan la dificultad objetiva de creer en las instituciones.
Por otra parte, no es fácil imaginar instituciones decentemente democráticas y eficaces en uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cuál es la línea de causación: de la segmentación social a la pobre calidad institucional o al revés? ¿De una Colonia (del punto de vista del espíritu de las instituciones) de la que no terminamos de salir o de una antigua pobreza que tiende a volver las instituciones tan segmentadas como la sociedad que encarnan? Una cosa es relativamente cierta: o estos dos vínculos se remueven simultáneamente o ninguno de los dos será realmente removido en el largo plazo. Un ejemplo: el combate a la pobreza supone una regeneración (cultural, política, etc.) de las instituciones a menos que sea una forma (de alto costo y baja eficacia) para mejoras, más o menos transitorias, de las estadísticas.
El estado está condenado a ser lo mejor de la sociedad o, por lo menos, una parte importante de lo mejor, pero cuando no puede cumplir esta tarea mínima, es un obstáculo. No hay una fórmula única al atraso, pero la mala calidad institucional es ciertamente el rasgo más difundido en los países, como México, en "vía de desarrollo". La excepción chilena es, justamente, la confirmación de la regla.
Las experiencias exitosas de salida del atraso en el siglo XX (de Dinamarca a Corea del sur), indican con claridad que del atraso se sale rápidamente (una generación o dos) o no se sale. Volvamos a México: los números dicen que en menos de una generación este país podría alcanzar los actuales niveles de ingreso de Portugal (un PIB per capita de 20 mil dólares) y pasar probablemente a un nuevo ciclo de su historia. Por desgracia, lo posible no es necesariamente probable. Con sus actuales instituciones, envueltas en un persistente corporativismo clientelar que parece conservarse a pesar de la transición iniciada en 2000, no es fácil imaginar que el país pueda sostener el crecimiento necesario, entre 2 y 3 por ciento anual de su PIB per capita, en las próximas dos décadas. Demasiado desperdicio de recursos (sobre todo públicos), demasiadas señales equivocadas a la sociedad. Y sin embargo, no hay alternativas a una aceleración del crecimiento a menos que se quiera mantener y profundizar en el tiempo la segmentación entre norte y sur del país y (para simplificar) entre ricos y pobres; factores que, ineludiblemente, acrecentarían la presión sobre cualquier equilibrio más o menos democrático alcanzado en la sociedad. México necesita acelerar el paso antes que demografía e ineficacia pública terminen por trabarlo por un (posiblemente) largo ciclo histórico.
Setenta años de PRI y cinco (hasta ahora) de PAN muestran con suficiente (si bien desproporcionada) elocuencia que en este país no existe partido político capaz de encarnar un nuevo comienzo con regeneración del Estado y mayor crecimiento económico. Cómo sea posible acercarse a ese objetivo sin escapar de la baja eficiencia, la simulación, la autocomplacencia de un estado que conserva rasgos borbónico-revolucionarios, éste es el asunto. Y la única respuesta sensata desde el observatorio del presente es una variación sobre el modelo chileno: un acuerdo intergubernamental entre fuerzas políticas que negocien un programa de largo plazo ampliamente compartido en la política económica y en los lineamientos esenciales de la reforma del estado. Sólo un alto grado de consenso político pluripartidista puede dar fuerza a iniciativas serias de dignificación de las instituciones. Y sólo con un alto grado de consenso político pueden diseñarse estrategias económicas y sociales sostenibles en el tiempo. Mientras esto no ocurra, México seguirá dando vuelta alrededor de un eje chueco (la política y las instituciones), con consecuencias obviamente impredecibles. Esperemos sin catástrofes futuras, pero ciertamente, mucho tiempo perdido.
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