En diciembre de 2000, México comenzó una empresa ardua: redefinirse a sí mismo al cabo de siete décadas de nacionalismo revolucionario. Lo que puede decirse desde el presente es que la transición no ha producido ni desastres ni éxitos asombrosos. Aparte del hecho sustantivo de haber separado de la presidencia al partido que por tanto tiempo usó y abusó de ella, convirtiéndola en pieza fuerte de un sistema de control partidario del estado.
Con Fox, hace cinco años, tuvimos buena y mala suerte al mismo tiempo. Buena suerte porque evitamos repetir con él una historia reciente salpicada de presidentes enfermos de omnipotencia y, por eso mismo, irresponsables. Echeverría, el difunto López Portillo y Salinas son ejemplos cristalinos de las múltiples formas de megalomanía de nuestros presidentes y de la debilidad de las instituciones para controlar los daños correspondientes. Mala suerte porque el presidente de la transición, resultó ser un timorato frente a la tarea colosal de repensar lo público en un país donde PRI y estado se mezclaron por décadas en formas turbias y democráticamente insanas.
Nadie le quitará a Fox el mérito de haber roto el embrujo de setenta años de una "revolución" eternamente prometida y nunca realmente cumplida -salvo en beneficio de aquellos que no la necesitaban. Los viejos ricos o conservaron sus espacios o los cedieron a generaciones de nuevos ricos que han acumulado riquezas fantasmagóricas a la sombra de un régimen revolucionario complaciente y generoso con sus asociados . En la actualidad, el 10 por ciento más rico de las familias mexicanas dispone de un ingreso que equivale al del 70 por ciento de las familias en el otro "extremo". Y aunque no sea fácil imaginarlo, algunos años atrás las cosas estaban incluso peor. Curiosa justicia revolucionaria.
Pero, el PRI dejó tras de sí algo más que eso y la mitad de la población en condiciones de pobreza; dejó las instituciones públicas en condiciones deplorables. Leamos lo que dice la OCDE en su informe anual (septiembre 2005) dedicado a México:
La calidad de las instituciones es baja, el respeto de la ley es pobre, el sistema judiciario es ampliamente ineficiente y la corrupción es extendida(p.20).
Preciso como un obituario; mesurado lenguaje burocrático que describe lo público como un territorio después de haber sido bombardeado. Lo que no sería grave si no fuera porque cien millones de personas viven en este territorio. De este tamaño es el legado que deja el pasado sobre el presente y el futuro del país. Frente a eso, el presidente Fox ha revelado escasa resolución reformadora y menor capacidad política para instrumentarla y, con el tiempo, se ha convertido en un pepenador de éxitos parciales (ciertamente no irrelevantes) pero insuficientes respecto a la profunda transformación institucional y anímica que el país requiere. Había que explicar a la sociedad mexicana el tamaño de la empresa que la esperaba y crear las condiciones políticas para la reforma. No ocurrió ni una cosa ni la otra.
Echemos una mirada a la economía. Entre 2001 y 2005, el crecimiento medio anual del PIB ha sido de 2.1 por ciento; en el quinquenio previo (1996-2000), 5.5 por ciento. Si bien en los últimos dos años -en la nueva ola petrolera, de acrecentadas remesas y recuperación de la economía de Estados Unidos- se registra un repunte. El mayor mérito de la presente administración ha sido, hasta ahora, la estabilidad macroeconómica y la correspondiente reducción de la inflación. Sin embargo, frente a este logro está el hecho de que en el primer quinquenio postpriísta el incremento medio anual del PIB per capita fue de apenas 0.4 por ciento; en un orden de diez veces menor respecto a Asia oriental.
Mientras México no emprenda un rumbo enérgico de saneamiento institucional y mientras no se activen las reformas que la economía requiere, está destinado a perder peso en el contexto mundial, como indican los datos. En 2000, la economía mexicana representaba 1.95 por ciento del PIB mundial, en 2005, 1.79 por ciento.
Limitémonos a un aspecto que, después de cinco años, no muestra mejoras sobre el pasado. Con una recaudación fiscal que apenas llega al 20 por ciento del PIB, hay pocas posibilidades para que el gasto público constituya un sólido factor de impulso, además de que dicho gasto está condicionado por el carácter errático de los ingresos petroleros. Una base endeble frente a las necesidades provenientes de un crecimiento medio de la fuerza de trabajo superior a un millón de individuos al año, de la necesaria intensificación del combate a la pobreza y de la vital modernización infraestructural y energética requerida para crear mercado interno y recuperar competitividad externa. En este país 40 por ciento del trabajo es informal (o sea, no paga impuestos y no está legalmente protegido), sin considerar exenciones fiscales varias y demás, lo que significa que existen amplios márgenes para el incremento del gasto público vinculado a una mayor recaudación.
México no tiene todo el tiempo del mundo antes de que sus retrasos estructurales vuelvan su posición global más frágil. En los últimos años, la presencia de las exportaciones chinas en el mercado estadunidense ha crecido (de 9 a 14% entre 2000 y 2005) frente a una contracción relativa de la presencia mexicana (de 11 a 10%); mismo periodo en que China se ha convertido en el segundo proveedor de México. El costo del trabajo (manufacturero) en el país asiático es tres veces inferior al de México y no es fácil imaginar cómo este país, sin avances sustantivos en su productividad, pueda mantener sus posiciones competitivas actuales. Es aquí donde la cobertura y la calidad de la enseñanza pública se vuelven factores estratégicos. Si bien es cierto que el costo de llevar un container de China a Estados Unidos es dos veces y media mayor al costo de llevarlo desde México, también es cierto que el costo de la energía eléctrica es en China tres veces más bajo que en México. Apuntemos al margen que, con un PIB casi tres veces superior al de México, China gasta en Investigación y Desarrollo nueve veces más. Evidentemente, el escenario a mediano plazo no es halagüeño.
Con la calidad de sus actuales instituciones públicas, con un mercado interno altamente segmentado y con una creciente demanda de empleo (que requiere tanto de una aceleración del crecimiento como de una profunda reforma fiscal), México no las tiene todas de su lado para enfrentar con alguna posibilidad de éxito una gigantesca marginación interna y un grave reto competitivo externo.
Limitándonos a la economía, podemos sintetizar así: de una parte, equilibrio macro, cuentas públicas equilibradas, inflación en descenso y estabilidad cambiaria; de la otra, escaso crecimiento, baja productividad y reducido margen para que el gasto público pueda operar en un sentido anticíclico (sobre todo en momentos de baja en los precios del petróleo).
Saliendo de la economía hay, sin embargo, un par de aspectos en que, a pesar de inercias heredadas y pusilanimidades presentes, el país, de alguna manera, ha avanzado en estos cinco años: a través de prensa y radio (la televisión sigue siendo la vergüenza nacional que era), la sociedad se ha hecho más demandante y menos manipulable. Por otra parte, la corrupción ha dejado de ser la consecuencia sistémica de una relación furtiva entre un partido dominante y "su" estado, para convertirse en enfermedad estrictamente institucional. Un cambio que puede no ser entusiasmante y que, sin embargo, podría resultar central en un futuro de serio combate a la corrupción.
A pesar de ello, por varios aspectos, el viejo sistema sigue en pie. Sigue la impunidad (activamente promovida antes y tolerada ahora) de líderes sindicales, gobernadores y demás chipocludos que se enriquecen a costa del recurso más escaso de la sociedad mexicana: la confianza en sus instituciones. Sigue la tendencia gubernamental a oscilar entre autocomplacencia, pirotecnia declarativa e inacción taoísta. Tal vez sea la cruda. Siete décadas no se disuelven en la nada de un día para otro. Sobre todo si no se hacen esfuerzos serios para limpiar la casa después de la salida del viejo inquilino.
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